Durante la década de los 70, la Costa Atlántica se convirtió en escenario de importantes luchas campesinas por la tierra, impulsadas por sindicatos agrarios, movimientos cívicos e indígenas que propugnaban por una reforma agraria integral; y a la par, distintos grupos armados empezaron a hacer presencia en el territorio.
En la década de los 80 las FARC llega al departamento del Magdalena buscando controlar los corredores que unen la ruta del sur y norte del Cesar hacia la región del Catatumbo. La actividad de la guerrilla y los enfrentamientos con la fuerza pública puso en riesgo a los habitantes de la zona y generó estigmatizaciones y persecuciones a los líderes de la comunidad. A este panorama se sumó un nuevo grupo armado, las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- que, con el Bloque Norte al mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, empezaron a operar en el departamento con el objetivo de hacerse a las tierras que habían sido adjudicadas a los campesinos y campesinas de la zona.
Así se dio paso a una oleada de violencia que combinó diferentes mecanismos de intimidación a los pobladores, entre ellos, el desplazamiento forzado y despojo de tierras, aunado a delitos atroces como la desaparición forzada y asesinatos selectivos; todo ello bajo la aquiescencia de la fuerza pública. Las desapariciones forzadas perpetradas por las AUC recayeron principalmente contra las personas que tenían algún papel de liderazgo dentro de sus comunidades, especialmente en La Pola, corregimiento de Chibolo. Mientras que en zonas como Guáimaro, corregimiento de Salamina; las desapariciones forzadas se presentaron aunadas a masacres y asesinatos selectivos. Como consecuencia de este escenario de violencia, en el departamento de Magdalena se han reportado 2.119 víctimas de desaparición forzada, según el Registro Nacional de Desaparecidos -SIRDEC-.